“LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LOS CONFLICTOS SOCIALES," una entrevista con Beatriz Merino

 

 

 

Revista Stakeholders Responsabilidad Social edición 22

 

En esta entrevista Beatriz Merino, Defensora del Pueblo en Perú, señala también que en época de elecciones, algunos sectores instrumentalizan el conflicto con fines electorales.

 

SH: ¿Qué tipos de conflictos son los que vienen sucediendo en el país?

BM: Desde abril del 2004, la Defensoría del Pueblo cuenta con un sistema de monitoreo y reporte de conflictos sociales, el cual es alimentado por nuestras 38 oficinas desplegadas en el territorio nacional. Este sistema reconoce siete categorías de conflictos: la de los socio-ambientales, cuya problemática gira en forma prioritaria, pero no exclusiva, en torno al medio ambiente o al uso de los recursos naturales. A esta categoría pertenecen aproximadamente la mitad de todos los conflictos. La segunda categoría corresponde a los conflictos relacionados con la gestión del gobierno -en sus tres niveles nacional, regional y local-. En este rubro se registran las controversias promovidas desde la población, que demanda transparencia, o denuncia presuntos actos de corrupción. Estos conflictos se agrupan en el 23% de la conflictividad total.

 

Las restantes cinco categorías son: los conflictos entre comunidades campesinas y nativas; los laborales; los referidos a asuntos electorales; los que implican el enfrentamiento de regiones o municipios por los límites de sus respectivas jurisdicciones y, finalmente, los relacionados con el cultivo ilegal de coca.

 

SH: ¿En qué situación se encuentran estos conflictos y en qué zonas se vienen desarrollando?

BM: Hemos dividido el número de conflictos, de acuerdo con su intensidad, en dos grandes grupos: los conflictos activos, que representan alrededor del 65%, y los latentes, que han dejado de ser visibles durante períodos mayores a tres meses y que cubren el restante 35%. Otro dato importante, y que debe motivar nuestra reflexión, es la violencia.  Según nuestro reporte mensual de marzo, en 102 casos de los 255 conflictos registrados se produjo, por lo menos, un hecho de violencia. Este dato puede explicarse por una falta de previsión o por fallas en los mecanismos establecidos, diseñados precisamente para canalizar y resolver los problemas sin recurrir a la violencia.  En lo referente a las regiones que concentran mayor cantidad de conflictos sociales, las cinco primeras son: Puno (22), Cusco (20), Junín y Lima (19) y Piura (17). Entre todas conforman las 2/5 partes del total de conflictos.

 

SH: ¿Se podría incrementar el número de conflictos conforme se acerquen las elecciones municipales y regionales, así como la presidencial?

 

BM: Ciertamente, la coyuntura electoral es un factor a tener en cuenta. Por ello, nuestra recomendación es mantenernos atentos para poder intervenir rápidamente en las etapas tempranas de los conflictos. La época de elecciones puede motivar que se sumen a la protesta algunos sectores que instrumentalizan el conflicto con fines electorales, lo que dificultará cualquier solución.

 

La Defensoría del Pueblo no puede opinar sobre temas políticos, sin embargo, como Defensora del Pueblo, sí puedo hacer una invocación a actuar con responsabilidad.  Si algo nos enseñó Bagua -donde murieron 34 compatriotas- es que no debemos admitir más muertes en conflictos sociales.

 

Para eso precisamente existe la democracia, régimen en el cual se garantiza el derecho de todos a pensar distinto e incluso a protestar contra la autoridad, pero siempre dentro del marco de la ley y respetando el derecho de los demás ciudadanos.

 

Por otro lado, el conflicto producido recientemente en Islay nos dejó un mensaje claro: “no es admisible el bloqueo de carreteras o el atentado contra la infraestructura de los servicios públicos”. Estos actos deslegitiman la protesta y constituyen delitos. Además, ponen en grave riesgo la vida y los derechos de personas inocentes. La muerte de una señora, pasajera de un bus, en el bloqueo de Islay no debe ser olvidada.

 

SH: ¿Cuáles son las causas de estos conflictos?

 

BM: Los conflictos son eventos complejos en los que se enfrentan intereses contrapuestos e incluso valores y culturas distintas, como sucede en algunos conflictos donde intervienen pueblos indígenas.

 

Los conflictos sociales se deben canalizar por la vía institucional.  En otras palabras, los cauces naturales en que deben ser sometidas nuestras diferencias son las instituciones, el diálogo y la ley. Lo que ocurre en nuestro país es que la protesta se desborda debido a varias razones: o faltan las vías institucionales, faltan las instituciones, o éstas no gozan de la confianza del ciudadano, es decir que no son percibidas como rápidas y eficaces.

 

SH: ¿Cree usted que la falta de comunicación de las empresas extractivas o energéticas es la principal causa de estos problemas?

 

BM: Simplificar el conflicto a una o dos causas equivale a distorsionarlo. Los conflictos son complejos, y deben ser abordados a partir de su complejidad, lo cual implica, lógicamente, profundizar en el análisis, así como enriquecerlo con múltiples perspectivas.

 

Muchas empresas han dado un salto cualitativo muy importante en su relación con las comunidades vecinas. Hoy existen empresas que cuentan con equipos de reracionamiento comunitario multidisciplinarios, donde trabajan antropólogos, sociólogos e intérpretes que manejan las lenguas nativas.

 

Lo que sucede es que los conflictos atraen la atención de los medios; en cambio, las buenas prácticas, por lo general, pasan desapercibidas. Sin embargo, estoy en condiciones de afirmar que muchas empresas han mejorado sus prácticas, pero ciertamente otras aún no siguen el mismo camino.

 

SH: ¿Qué recomendaría la Defensoría en estos casos?

 

BM: El diálogo. Siempre debemos estar dispuestos a exponer nuestra posición sinceramente y a escuchar a las personas en forma respetuosa y atenta. Por su parte, el Estado debe focalizar su intervención en la etapa temprana o inicial del conflicto porque, muchas veces, la oportunidad de la intervención del Estado hace la diferencia al momento de salvaguardar los derechos fundamentales para muchos ciudadanos.

 

Todos debemos preservar la vida. No debemos admitir más muertes en conflictos sociales. Por ello invoco al diálogo, y a actuar con rapidez, responsabilidad, seriedad y profesionalismo.  Desde luego, es crucial que todos las partes actúen dentro del marco de la ley y del Estado de Derecho y que respeten los derechos de terceros.

 

SH: ¿Cómo está trabajando la Defensoría del Pueblo en la prevención y en la solución de estos conflictos?

 

BM: Para darle una idea: en materia de conflictos sociales, solo en el mes de marzo hemos realizado 157 actuaciones defensoriales en el ámbito nacional. Hemos participado en 16 mesas de diálogo instaladas, que son más de la mitad de las existentes. Asimismo, desde hace más de cuatro años, monitoreamos y reportamos los conflictos sociales.  Por otra parte, analizamos la conflictividad mediante un órgano especializado. Me refiero a la recientemente creada Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.  En estos momentos estamos trabajando en un informe que analiza la violencia en el contexto de los conflictos sociales.

 

Deseo referirme también, a un proyecto que financia generosamente la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), con que se fortalecerá la capacidad de 11 gobiernos regionales respecto del monitoreo y la gestión de los conflictos sociales. La idea del proyecto consiste en transferir a las regiones los conocimientos y destrezas que ha acopiado la Defensoría del Pueblo para que estas autoridades puedan convertirse en la primera línea de atención preventiva de los conflictos sociales.  Por su parte, los gobiernos regionales se comprometen a crear, dentro de sus organizaciones, unidades especializadas de prevención y manejo de conflictos. En breve suscribiremos convenios con los Gobiernos Regionales de Amazonas y Ayacucho.

 

SH: ¿Qué medidas han tomado para contrarrestar a aquellos que se dedican a la desinformación de la población en esas zonas?

 

BM: Nuestro mandato constitucional es muy claro: consiste en supervisar los deberes del Estado. Por ello su pregunta me permite insistir en la importancia de una atención rápida y oportuna del conflicto. Cuando el tiempo transcurre sin que se adopten acciones, se facilita la desinformación y se propicia la participación de actores intransigentes en los actos de protesta.

 

Debemos evitar que estos sectores ganen espacio, y esto sólo se puede obtener con una intervención decidida y expeditiva.

 

SH: ¿Se ha sancionado a aquellos que bloquean las carreteras o dañan la propiedad privada?

 

BM: Bloquear carreteras y atentar contra la propiedad pública o privada es un delito; en consecuencia, el delito debe ser sancionado. Según cifras del Ministerio del Interior, entre el 2006 y abril de 2010 se detuvo a 2,262 personas por delitos vinculados a los conflictos sociales, pero solo 34 se encuentran en la actualidad en establecimientos penales. Esta es una cifra que debe provocar una serena y profunda reflexión de nuestras autoridades. Los ciudadanos de este país no podemos estar a merced de individuos que protagonizan actos contrarios a la ley, y que ponen en riesgo nuestros derechos.  Repito, ninguna causa social, por legítima que sea, justifica el daño a otros ciudadanos. Todos somos iguales en dignidad y deechos.

34